Ante el acuerdo de cese al fuego bilateral y definitivo entre el gobierno colombiano y las FARC-EP

Fotografía tomada de: El Espectador

El pasado jueves, 23 de junio de 2016, sin duda marcó una fecha histórica en Colombia. En este día se acordó, en el marco de los diálogos de paz y la mesa de negociación de La Habana, el cese al fuego bilateral y definitivo entre el gobierno nacional de Juan Manuel Santos y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Para muchas colombianas[1], este es un anhelo hecho realidad. Sin dejar de compartir el entusiasmo popular, nosotras señalamos que este aún no es el fin de la guerra y que aún queda un largo camino por recorrer en miras a conseguir cambios sociales reales beneficiosos para las trabajadoras, los sectores sociales y los pueblos.

Como Grupo Libertario Vía Libre, reconocemos la trascendencia histórica de este acuerdo para el país, pues es evidente que gran parte de la población no desea vivir más una guerra tan degradada y cruenta como la nuestra, lo que es motivo de celebración para muchas personas y comunidades. En ese sentido, existen varios elementos positivos para reconocer en este acuerdo, como la significación que tiene que la fuerza insurgente más antigua y duradera de América Latina abandone las armas sin ser derrotada y se culmine por medio de un pacto el largo enfrentamiento bélico entre este grupo y el Estado, en lo que supone un avance para varias organizaciones políticas populares que buscan que las luchas sociales sean escuchadas en las más altas esferas del poder gubernamental. Sin embargo, aún quedan múltiples retos, reivindicaciones y luchas por desarrollar.

El acuerdo de ayer, que formalizó una tregua de hecho que con algunos sobresaltos regía entre estos actores armados desde el 2013, marca un salto de calidad en el camino hacia el fin de la confrontación armada. Sin embargo, consideramos que aún estamos lejos de completar el denominado fin de la guerra, pues todavía quedan pendientes las negociaciones con otros grupos insurgentes más pequeños, pero de gran significancia, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) alzados en armas como las FARC-EP desde hace medio siglo, con lo que el gobierno nacional ha mostrado una pobre voluntad de diálogo. Y más aún, consideramos que el fin del conflicto armado no pone fin al conflicto social y político en el que recae su génesis histórica, marcado por factores como la extrema desigualdad social especialmente aguda en el campo, el despojo violento realizado por la burguesía rural y los terratenientes de los territorios campesinos y las políticas de terrorismo de Estado implementada contra los movimientos populares.

Apuntamos que este año se ha caracterizado por las olas de movilización de diversos sectores sociales, tanto urbanos como rurales, que han confluido en jornadas de indignación como las del 24 de enero, la huelga nacional del 17 de marzo y el tercer paro agrario nacional, luchas que a su vez han fortalecido la idea de convocar un contundente Paro Cívico Nacional que haga retroceder las políticas antipopulares del gobierno. Así, sectores de los movimientos campesinos, indígenas y negros, junto con obreras, profesoras, estudiantes universitarias y trabajadoras informales, han manifestado su contundente rechazo a las políticas neoliberales de la segunda administración de Juan Manuel Santos, que acrecientan la desigualdad y precariedad social. Al mismo tiempo la mayoría de los sectores movilizados, han insistido en la necesidad de apoyar procesos de diálogo entre el gobierno y las insurgencias, buscando la realización de una paz con justicia social y viendo la firma de los acuerdos como un medio para que las voces de las trabajadoras y los pueblos históricamente excluidos, sean escuchadas. También la mayoría de estos sectores han apoyado el hecho de que las FARC-EP se conviertan en un partido político con garantías de seguridad y participación dentro de las reglas de juego de la actual democracia. Si bien esto podría generar la posibilidad de que se garantice el derecho a la oposición política en un país con un sistema institucional tan cerrado como el colombiano, una real apertura democrática aún está por verse.

Destacamos que ni las clases dominantes ni su aparato estatal tienen todas las de perder en esta coyuntura, puesto que lo que está firmado en un papel no es garantía real para el cumplimiento de los acuerdos pactados. Basta con recordar el incumplimiento sistemático que este mismo gobierno ha hecho de los acuerdos firmados luego del Paro Nacional Agrario de agosto y septiembre de 2013, incumplimientos que condujeron a los sectores campesinos, negros e indígenas, organizados en la Cumbre Nacional Agraria, a llevar a cabo una nueva y exitosa movilización en los últimos meses, en la que lamentablemente fueron asesinados por la represión gubernamental los comuneros indígenas Willington Quibarecama, Gersain Cerón y Marco Aurelio Díaz .

Anotamos que, si bien bajo la insignia de la paz se nos ha vendido la idea de un nuevo país, el gobierno aún debe mostrar una voluntad concreta manifiesta en hechos que conduzca a la desmilitarización de la sociedad, voluntad que no se ha evidenciado recientemente en las medidas de criminalización de la protesta de las clases y sectores oprimidos o el manteamiento de prisioneros políticos como el intelectual Miguel Ángel Beltrán. Del mismo modo, uno de los hechos que más pone en duda la voluntad de paz del gobierno es la aprobación del nuevo Código de Policía que agudiza la represión y atenta contra el ejercicio de varias libertades de la población civil.

No podemos dejar de advertir sobre el peligroso rol que juega la extrema derecha representada en el uribismo en este nuevo panorama haciendo campaña por el “No” en caso de que un posible plebiscito con el fin de hundir todo este proceso de paz al que tanto le ha hecho oposición. En la otra orilla estaría la campaña por el “Sí” representada principalmente en la Unidad Nacional (santistas) y en menor medida por la mayor parte del arco de la izquierda. Todo lo anterior nos pone de relieve un ambiente de polarización en torno a los acuerdos firmados en La Habana que tendría como principales contrincantes dos variantes de una derecha neoliberal y autoritaria: el santismo y el uribismo, este último considerados como la mayor fuerza de oposición política al gobierno en el país en la lectura difundida por los medios masivos de comunicación, que hasta hace poco sostenían la guerra contrainsurgente. El papel de la izquierda y los movimientos populares en este posible plebiscito, aunque activa aún ha sido limitado, lo que deja ver que la incidencia popular sigue siendo muy baja en este panorama

Tampoco debemos olvidar el reciente incremento de la acción del paramilitarismo, que en los últimos meses ha asesinado a varios líderes populares, especialmente campesinos. Las mal llamadas Bandas Criminales (BACRIM), que no son sino la nueva expresión del paramilitarismo, ejercen un dominio cotidiano de muchos territorios aliados a militares, caciques políticos y empresarios, como se vio en el reciente paro armado decretado por estas fuerzas en la región del Urabá, a la vez que amenazan, persiguen y asesinan a la izquierda social y política. El paramilitarismo, apoyado en la estrategia de resistencia civil de la derecha uribista, representa una gran amenaza en este nuevo escenario, en el que aún es posible que se repitan genocidios políticos como los sufridos por la generación de luchadoras sociales de 1980 organizados en la Unión Patriótica (UP), A Luchar, el Frente Popular y los movimientos sindicales, campesinos e indígenas.

Finalmente, consideramos que, aunque el fin de la lucha armada de un grupo guerrillero de las dimensiones de las FARC-EP sea importante, no podemos olvidar que aún lidiamos contra un Estado contrainsurgente que ejerce la violencia simbólica y material contra las clases y sectores subalternos, para mantener un orden social basado en la explotación, la desigualdad y la exclusión de las trabajadoras, los sectores sociales y los pueblos. Que no se nos olvide que aún existe un aparato represor que esta presto a emplearse contra cualquier protesta de las de abajo que las de arriba consideren ilegítima. Que no se nos olvide que, si bien el fin de la guerra guerrillera abre una nueva etapa de la lucha de clases en el país, el orden capitalista, estatista y patriarcal a nivel mundial es inherentemente violento, como también lo será el proceso revolucionario que lo derrote.

Como organización anarquista hacemos un llamado a redoblar el impulso de la organización, la movilización y la lucha multisectorial desde abajo, tal y como lo venimos haciendo en múltiples escenarios como el estudiantil, el educativo, el territorial, el de géneros, el comunicativo, entre otros. Como bien lo hemos afirmado aún queda mucho por hacer. En este ambiente de pacificación parcial entre dos bandos se debe apostar por construir una verdadera paz para las trabajadoras y los pueblos, formada desde la iniciativa local y comunitaria, desde aquellos lugares donde la desigualdad y la exclusión son el pan de cada día. Debemos seguir aportando el empuje socialista libertario en la construcción de autonomía, autogestión y poder popular en todos los territorios en los que trabajamos. No basta con que las de arriba abran la posibilidad de hacer parte de la democracia burguesa, pues esta es sumamente limitada, funcional a su dominación y en ella no se concretarán las transformaciones radicales de las condiciones de opresión y dominación. En la actual coyuntura nos reafirmamos en la construcción de otro mundo posible a través de la superación del capitalismo y el Estado, que son los causantes de la principal guerra que se ha librado contra el pueblo: la del hambre, la explotación y el despojo de lo común.

Fue un día histórico sin duda, pero aún queda mucho por hacer para que con la fuerza organizada y movilizada de nuestros pueblos, construyamos una vida más justa y más libre.

Grupo Libertario Vía Libre
Junio 24 de 2016, Bogotá

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[1] Generalizamos intencionalmente en femenino, criticando la generalización en masculino y haciendo alusión al que consideramos el concepto no sexista de personas.

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