Alto a la intervención militar estadounidense en Venezuela

En la madrugada del 3 de enero de 2026, los Estados Unidos bombardearon a Venezuela, asesinando a por lo menos 80 personas entre soldados y civiles y secuestrando al presidente Nicolás Maduro, cabeza del actual gobierno autoritario. Donald Trump, asesorado por el Secretario de Estado Marco Rubio, dio la orden de atacar al país vecino bajo el pretexto de que Maduro lideraba una operación de narcotráfico, tras varios meses de escalamiento mediante amenazas, ataques a civiles en el mar caribe y el secuestro de dos embarcaciones petroleras pertenecientes a la industria venezolana como medida de sanción a su gobierno.

No obstante, en la rueda de prensa del mismo día el gobierno estadounidense dejó claro que su interés recae principalmente en la captura por parte del capital de los recursos energéticos del país, al instar a las empresas de petróleo norteamericanas a que «inviertan miles de millones de dólares, reparen las infraestructuras petrolíferas (…) y empiecen a generar ingresos para el país». Evitando caer en reduccionismos, es evidente que los beneficios económicos derivados del control de estos bienes son estratégicos, pues, a diferencia del desarrollo de la invasión a Irak en el año 2003, la intención de apropiarse del petróleo del país con las mayores reservas del mundo es explícita y desacarada. Es más, el gobierno Trump ha reclamado cínicamente que los recursos le pertenecen a EEUU y no a Venezuela.

Al motor económico de la intervención se suma su la política exterior para América Latina, cuya premisa fundamental es el absoluto protagonismo estadounidense en los asuntos políticos y económicos del continente. Es decir, esta agresión militar es un claro esfuerzo por recuperar su hegemonía en la región, desafiando abiertamente a las burguesías nacionales que cuestionan la predilección comercial hacia Estados Unidos en favor de otras potencias imperialistas, como China o Rusia, así como su política migratoria, la cual es especialmente violenta y cruel con las migrantes latinoamericanas. 

El éxito o fracaso de esta bizarra operación está en todo caso aún por verse, pues el vacío de poder que dejó Maduro lo llenaron sus aliados político-ideológicos, particularmente la antes vice y ahora presidenta Delcy Rodríguez, del PSUV, y no es claro si ello supone la existencia de un pacto de intereses con Estados Unidos o que la intervención no se ha terminado de desarrollar. Por el momento, la presidenta a cargo no ha emitido una respuesta militar, lo cual reduce el peligro de que la agresión gringa derive en una confrontación bélica, aunque no su gravedad como hecho de violencia contra la población civil.

Cualesquiera que sean los intereses que motivan el accionar del gobierno ultraconservador y racista de Trump en lo inmediato, o el desarrollo a corto plazo de la coyuntura actual, el ataque representa ante todo la violación a la autonomía de los venezolanos y las venezolanas en su conjunto, sometidas ahora al dominio norteamericano. Así, por lo menos, lo sostiene el mismo gobierno Trump al afirmar su objetivo explícito de gobernar el país «temporalmente» como si de una colonia se tratase. Esto es completamente inadmisible. 

Como anarquistas rechazamos esta incursión militar, no por afinidad con el gobierno de Maduro. La rechazamos por que lejos de significar el fin del autoritarismo o la liberación del pueblo venezolano, para las clases trabajadoras y populares del continente significa la imposición violenta de un régimen imperialista, gestionado por una derecha transnacional, cómplice y sumisa con el intervencionismo y los intereses geopolíticos gringos. 

Estados Unidos no es bienvenido ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en el resto del continente.

¡No a la agresión militar contra Venezuela!

¡Fuera imperialistas de América Latina!

¡Arriba las que luchan!